Tesoro Nacional

El tesoro nacional es, en el derecho portugués, la designación reservada a los bienes muebles a los que se les reconoce el grado máximo de protección patrimonial. No corresponde a un objeto, edificio o colección en concreto, sino a un estatuto jurídico: el de bien mueble clasificado como de interés nacional. La figura fue creada por la Ley de Bases del Patrimonio Cultural, aprobada por la Ley n.º 107/2001, de 8 de septiembre, cuyo artículo 15.º determina, en su n.º 3, que «para los bienes muebles clasificados como de interés nacional se crea la designación “tesoro nacional”».

Marco en la clasificación del patrimonio mueble

La protección legal de los bienes culturales muebles se basa en la clasificación y en el inventario. Al igual que sucede con el patrimonio inmueble, la ley prevé tres grados de clasificación, en función de la relevancia del valor cultural reconocido:

• interés nacional, cuando la defensa y valorización del bien representa un valor cultural de significado para la Nación — categoría a la cual corresponde la designación de tesoro nacional;
• interés público, cuando el valor cultural tiene importancia nacional pero el régimen de protección propio del interés nacional sería desproporcionado;
• interés municipal, cuando el valor cultural tiene significado predominante para un determinado municipio.

El régimen detallado fue fijado por el Decreto-Ley n.º 148/2015, de 4 de agosto, que establece las reglas de clasificación e inventario de los bienes muebles de interés cultural y también las normas aplicables a su exportación, expedición, importación y admisión. La clasificación resulta siempre de un procedimiento administrativo que termina en un acto final, sujeto a dictamen del Consejo Nacional de Cultura.

Efectos del estatuto

El reconocimiento de un bien como tesoro nacional conlleva el régimen de protección más exigente del ordenamiento. El efecto más característico es la restricción a la circulación: la salida del territorio nacional de bienes clasificados como de interés nacional está, en principio, prohibida. La ley admite únicamente la salida temporal con fines culturales o científicos, mediante autorización del miembro del Gobierno responsable del área de cultura; en cuanto a los bienes pertenecientes al Estado, la salida definitiva solo puede ser excepcionalmente autorizada por el Consejo de Ministros, en el marco de un intercambio por bienes culturales extranjeros de interés excepcional.

A estos se suman otras garantías, como la imposibilidad de adquisición por usucapión de los bienes clasificados de interés nacional o público y reglas reforzadas de conservación y de circulación en el mercado. Los bienes privados solo pueden ascender a este grado cuando su degradación o pérdida constituya un daño irreparable para el patrimonio cultural, lo que confiere a la categoría un carácter excepcional.

El estatuto se articula además con los instrumentos internacionales de combate al tráfico ilícito de bienes culturales, en la medida en que la clasificación como tesoro nacional sustenta las solicitudes de restitución de bienes ilícitamente exportados y fundamenta los controles de exportación exigidos por el derecho de la Unión Europea y por las convenciones de la UNESCO.